Perejiladas

Los coroneles Tomás Casella y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli son unos perejiles. Medio nabos. Parece mentira que su especialidad sea la inteligencia militar.

Ellos tres, junto con sus jefes (los coroneles Mario Aguerrondo y Héctor Lluis) y su comandante (el general Juan Rebollo), se han mostrado como marionetas obligadas a cooperar con un complejo sistema internacional de protección de delincuentes, que incluía el silenciamiento de antiguos cómplices.

Pero los titiriteros invisibles no existen. El sistema sí: en un tiempo se llamaba Plan Cóndor y servía para que las dictaduras de varios países coordinaran el secuestro, la tortura y el asesinato de opositores. La víctima del caso por el que Casella, Radaelli y Sarli terminaron presos en Chile era una lustrosa pluma del Cóndor. Era, él también, un represor, que elaboraba gases y gérmenes tóxicos y que sabía demasiado: el químico chileno Eugenio Berríos.

En los años 90, el capítulo chileno del Plan Cóndor mutó en la denominada Unidad Especial, encargada de proteger a acusados de represión e incluso de delitos económicos. Algo así como Odessa, el club de nazis que permitió la fuga de cientos de genocidas alemanes al cabo de la segunda guerra mundial.

A Berríos le dijeron que en Uruguay lo protegerían, pero, en realidad, querían silenciarlo. Temían que acusara a sus viejos jefes en varias causas que avanzaban en la justicia chilena. Ya estaba citado para declarar como testigo por el asesinato con explosivos del canciller Orlando Letelier en Washington.

La lista de perejiladas que Casella, Radaelli y Sarli aseguran haber cometido es demasiado larga.

Por ejemplo, accedieron al pedido de camaradas chilenos para albergar en Uruguay al menos a Berríos, a tres militares acusados de asesinato y al hijo de Augusto Pinochet, indagado por delitos económicos. Tan perejiles eran los tres uruguayos que no sospechaban de sus huéspedes, ni siquiera por los documentos falsos que portaban.

Hicieron tal gala de perejilismo que movilizaron a un jefe de policía –el coronel Rivas– para anular la denuncia de secuestro que formuló Berríos en la comisaría de Parque del Plata, donde el científico fue devuelto a sus "amigos". Es de suponer que ni se imaginaban que dos años después aparecería ejecutado en El Pinar. Deben haberse sentido muy perejiles entonces.

Hay perejiles civiles: en 1992, cuando el chileno llevaba meses muerto, dos ministros –Sergio Abreu y Mariano Brito– exhibían evidencia fraguada de que Berríos estaba vivo, ora en México (una llamada a Casella), ora en Italia (una fotografía desde Milán).

La justicia uruguaya también se adereza con perejil. Los magistrados no pasaron del presumario. Casella, Radaelli y Sarli apenas fueron convocados como testigos, mientras se acumulaban fojas que registraban operaciones clandestinas de militares chilenos en Uruguay con la ayuda de soldados orientales.

Pero Berríos no era un turista, y no hay que ser agente de inteligencia para sospechar que Casella, Radaelli y Sarli lo sabían.

Después de una dictadura como la que sufrió Uruguay, la mera sospecha de responsabilidad institucional de las fuerzas armadas en un caso de este calibre hace inexplicable la quietud de la justicia y la permanencia de los involucrados en filas militares. Sin embargo, uno de ellos, el hoy coronel Casella, fue ascendido en estos años. Y el ejército no ocultó su respaldo a los tres extraditados.

La madeja comenzó a arremolinarse en Chile: el delito de asociación para delinquir se cometió allí. Pero a los jueces y al gobierno uruguayos les toca seguir tirando de la piola para terminar de enterrar al Cóndor.

Este plan sirvió para asesinar a Letelier en Washington, al coronel uruguayo Ramón Trabal en París, a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires. Sirvió para desaparecer en Paraguay al sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes, para secuestrar en Brasil a los uruguayos Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, en Argentina a la brasileña Regina Marcondes...

Con tales antecedentes, no suena descabellado apelar ahora a la colaboración entre jueces y fiscales de estos países para desentrañar esos crímenes. Sí, como un Plan Cóndor, pero al revés, bien al revés.

Marcelo Jelen

(Columna publicada en La Diaria el 21 de abril)